Chilpancingo, Gro., 18 de enero de 2024.- El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que los ayuntamientos electos a partir de 2027 ejerzan su periodo constitucional por ejercicios fiscales completos, del 01 de enero del año subsecuente y hasta el 31 de diciembre del año que corresponda.
Lo anterior, considera el legislador, permitirá a las nuevas administraciones municipales contar con los instrumentos jurídicos y elementos necesarios para una óptima recaudación y programación de obras públicas, además de poder cumplir con los compromisos laborales y financieros.
Al exponer los motivos de su iniciativa, Cruz López refirió que el inicio y cierre del año fiscal es de suma importancia para que las finanzas sean acordes con las leyes, los reportes sean transparentes, y con base en eso se toman decisiones informadas.
Señaló que con las reformas aprobadas a la Constitución Política local por la LXIII Legislatura el 22 de diciembre de 2023, en esencia se buscó resolver la problemática que arrastraban los municipios, al dividir Ia entrega de la cuenta pública en el último año de su ejercicio fiscal, ya que la administración saliente comprobaba 9 meses y 3 meses la autoridad entrante.
Carlos Cruz mencionó, en ese tenor, que con la presente modificación los ayuntamientos electos en 2027 ejercerán su periodo constitucional por ejercicios fiscales completos; es decir, entrarán el 01 de enero de 2027 y culminarán el 31de diciembre de 2030, garantizándose con ello que las nuevas administraciones aseguren su recaudación, su programación de obras públicas, y cumplan cabalmente con sus compromisos laborales y financieros.
Concluyó diciendo que la presente iniciativa es el complemento de la mencionada reforma a la Constitución local, en donde también vienen establecidas las fechas de instalación de los ayuntamientos.
Esta propuesta que reforma el artículo 36 y el primer párrafo del artículo 41 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su análisis y emisión del dictamen.
